Postdoctorandos

Desde finales del siglo XIX se fortalecía la organización de intereses sociales en instituciones no-estatales, aunque a menudo estrechamente relacionadas con el estado. Sus funciones fueron variadas: creación de normas y directrices, autoayuda social y financiera, asegurar estándares de calidad y educación, garantía de disciplina profesional, parcialmente el ejercicio de la jurisdicción estatal. Pero las instituciones auto-reguladoras también actuaron en gran medida como instalaciones en las que se resolvían conflictos en un procedimiento formal – conflictos que no fueron entregados a los tribunales estatales o en los que estos actuaron sólo en segunda instancia. Llevando como razón social la mediación, el arbitraje o la conciliación (Schlichtungs-, Schieds- oder Einigungsstellen). Estas instalaciones tuvieron diferentes formas: pudieron estar situado dentro de una organización ya existente (p.ej. un tribunal arbitral en las asociaciones profesionales) o estar creadas para conflictos entre diferentes organizaciones (p.ej. arbitraje para litigios derivados de acuerdos entre las federaciones de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) o estar establecidas bajo patrocinio oficial pero ocupadas con representantes de los grupos sociales (p.ej. oficinas de acuerdos del alquiler (Mieteinigungsamt)).

Aunque en sí conocido, estas formas de resolución de conflictos apenas han sido investigadas desde el punto de vista histórico-jurídico.

El proyecto se propone llenar este vacío en la investigación y examinar esas instituciones también como un modelo alternativo al monopolio estatal del la jurisdicción (y también al monopolio administrativo-estatal de decisión). La atención se centra sobre todo en la pregunta de hasta que punto se materializaron en su modo de función las interacciones entre ambiciones estatales de gestión y esfuerzos de auto-organización de sectores de la sociedad.

En el primer año se realiza la evaluación de la literatura contemporánea y el análisis de material parlamentaria y material impreso de decisiones administrativas, especialmente en Fráncfort y en la Biblioteca Estatal de Patrimonio Cultural Prusiano (Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz) de Berlín. En el segundo año se profundiza la investigación sobre una serie de formas seleccionadas de arbitraje a través de archivos, sobre todo en el Archivo Estatal Secreto (Geheimen Staatsarchiv) de Berlín-Dahlem y en archivos de entes que mantenían instituciones arbitrales, así como en archivos regionales. En el tercer año siguen la evaluación y la preparación de la publicación.

En la época moderna europea, las sublevaciones urbanas eran un fenómeno extendido y frecuente. El marco básico de muchos se estos casos se puede describir como “Ayuntamiento versus Ciudadanía”. No era raro que tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía se mostraron divididos entre sí. La causa podían ser por diferencias confesionales, quejas sobre mala administración y corrupción, u opiniones diferentes sobre las reglas básicas de la comunidad política: mientras los Ayuntamientos fueron en mayor medida autoridades autónomas, y por eso reclamaban obediencia, muchos ciudadanos vieron al Ayuntamiento como oposición de un fedaratario o representante de sus intereses en la relación con el verdadero amo de la ciudad (los príncipes o el emperador).

Además los ciudadanos asumían que el Ayuntamiento tenía la obligación de rendirles de cuentas. Cuando estos derechos no fueron cumplidos, varias formas de protesta, inclusive la resistencia armada, podían ser empleados. Reanudando el concepto de la “legalización” desarrollado en la investigación histórica se debe indagar cómo cambiaron los mecanismos para la solución de estos conflictos entre los siglos XVI y XVIII. Por mucho tiempo los conflictos entre el Ayuntamiento y la ciudadanía fueron resueltos por conciliación interna o mediadores externos; estos métodos no fueron abandonados por completo. Pero durante el siglo XVII hubo mayor participación de comisiones imperiales o el Consejo Áulico (Reichshofrat), así como la Cámara de la Corte Imperial (Reichskammergericht) fue más activa en este ámbito.

Un punto esencial del proyecto es el análisis de las opciones elegidas por los participantes (¿o decidicos por factores externos?) así como la interpretación de los argumentos políticos y jurídicos usados. ¿En cuáles casos ciertos modelos para la solución de conflictos, como por ejemplo, la instauración de una comisión cívica, fueron funcionales y efectivos, y en cuáles no? Se pueden identificar ciertos factores esenciales para el éxito o el fracaso? ¿Qué concepciones fundaban el comportamiento de todos los participantes? Estas preguntas queremos responder basádonos en un espectro de fuentes lo más amplio posible y a la vez concentrarnos en unos casos ejemplares.

El proyecto quiere investigar las interdependencias entre las costumbres de coerción social y las regulaciones legales tanto en la práctica jurídica como por el aspecto dogmático en Roma en tiempos de la república y del principado. El concepto de las costumbres de coerción social se refiere a actos comunitarios contra miembros individuales del mismo grupo, sancionando un comportamiento erróneo con infracción contra el honor, para lograr así una corrección del mismo y la reintegración al grupo. Se trata de procesos rituales, tradicionalmente establecidos como la devastación de casas, la colocación de signos de deshonra y el cantar de canciones de denuesto.

Las fuentes literarias contienen una serie de indicios para la existencia de costumbres de coerción social en Roma. Las fuentes jurídicas probablemente reflejan en dimensiones diferentes tanto la incorporación de estas costumbres al derecho como su sanción. Ambos fondos de fuentes no han sido revisado bajo las cuestiones planteadas aquí. Se debe preguntar hasta qué punto las costumbres de coerción social son aceptadas por el derecho, integradas a él, o cómo los delitos y los tipos penales, así como sus procesos y sanciones, son moldeados siguiendo el modelo de las costumbres. En otro nivel se debe investigar en qué medida el desarollo y la casuística de supuestos de hecho, consecuencias jurídicas y procesos de ciertos delitos (p.ej. la iniuria como “violación de la personalidad”) son una reacción a las costumbres de coerción social, mientras se intenta impedir legalmente su uso. Entonces, por un lado hay que comprobar en qué medida se realiza una “legalización” de los procesos tradicionales de solución de conflictos de las costumbres de coerción social, sí y en qué medida, estos procesos jurídicos compiten con las costumbres de coerción social. Por otro lado hay que examinar las mismas costumbres como objetos del proceso judicial.

En síntesis, la examinación gira alrededor del concepto del honor, de áreas sociales y legales en los cuales se forman y se disputan conflictos por el mismo y finalmente alrededor de la relación entre estrategias sociales y jurídicas, así como, judiciales y extrajudiciales para su solución.